(Esta es la Propuesta Electoral de la APC y Fernando Lugo, que para algunos, nunca existió)
INDICE
EJE 1: DESARROLLO
económico sustentable, con generación de INGRESOS PARA TODAS LAS
PERSONAS
1.1.ESTADO
PROMOTOR DEL DESARROLLO
1.2.DESARROLLO
SUSTENTABLE
1.3.
INTEGRACIÓN EQUITATIVA Y SOLIDARIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.
1.4.
SOBERANÍA SOBRE BIENES NATURALES.
1.5.
INSTITUCIONALIDAD
1.6.
INFRAESTRUCTURA
1.7.
EMPLEO DECENTE
1.8.
BANCA PÚBLICA, CRÉDITOS E INVERSIONES
1.9.
POLÍTICA PRESUPUESTARIA
1.10.
SISTEMA TRIBUTARIO
1.11.
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
1.12.
TERRITORIO Y POBLACIÓN
EJE 2: DESARROLLO HUMANO Y REFORMA AGRARIA CON
REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES
2.1. POLÍTICA
SOCIAL
2.2.
EDUCACIÓN
2.2.1. Sistema
Institucional
2.2.2. Recursos Humanos
2.2.3. Educación
Terciaria y técnico profesional
2.2.4. Combate al
analfabetismo
2.2.5. Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación (NTICs)
2.2.6.
Descentralización Educativa
2.2.7. Contenidos
2.2.8. Equidad
2.2.9. Calidad
2.2.10 Educación popular
2.3. SALUD
2.3.1.
Sistema Institucional
2.3.2.
Sistema Previsional de Salud
2.3.3.
Medicamentos genéricos
2.3.4.
Salud Ambiental
2.3.5.
Jubilaciones
2.3.6.
Descentralización
2.3.7.
Soberanía Alimentaria
2.4. VIVIENDA
2.5. GÉNERO
2.6. CULTURA-IDENTIDAD
2.7. REDUCCIÓN DE LA
POBREZA
2.8. DEPORTE
2.9. GRUPOS VULNERABLES y EXCLUIDOS
2.10. PUEBLOS
INDIGENAS
2.11. REFORMA
AGRARIA
2.12. PROMOCIÓN
DE LA FAMILIA
EJE 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DEL
ESTADO
3.1.
DESCENTRALIZACIÓN
3.2.
RACIONALIZACIÓN DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
3.3.
EMPRESAS PÚBLICAS
3.4.
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
3.5.
SEGURIDAD CIUDADANA
3.5.1.
Seguridad y defensa del sistema democrático
3.6.
INSTITUCIONALIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
3.7. JUSTICIA
INDEPENDIENTE
3.8. POLÍTICA
EXTERIOR
EJE
4: DERECHOS POLITICOS Y CIUDADANIA
4.1.
SUPERACION DEL SISTEMA CLIENTELAR
4.2.
ASOCIATIVISMO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
4.3.
TRANSPARENCIA
EJE
5: SOBERANIA ENERGETICA
Introducción
El futuro nos enfrenta a desafíos importantes. Para servir
con fidelidad y eficacia a los paraguayos, hoy necesitamos transformar la
política y el concepto de poder. Así, el Programa de Gobierno de la Alianza Patrióticala Soberanía , y un nuevo
relacionamiento con los ciudadanos, plasmada en la actitud de servicio real.
Ante el intento del continuismo oficialista, hacemos expreso
nuestro compromiso de consolidar la democracia y acabar radicalmente con
cualquier vestigio de autoritarismo basado en la prebenda, el oportunismo fácil
y la fragilidad cívica.
Reformar el poder significa impartir justicia y acabar con la
impunidad, significa llevar el gobierno a las comunidades y poner en vigencia
todas las potencialidades de la participación; significa nuevas formas de
administración, para que cada uno y todos los ciudadanos encuentren respuestas
eficientes y oportunas ante cualquier reclamo pertinente.
Para ello, se proponen algunas ideas centrales. Estas son:
Eje1:
Desarrollo económico sustentable
La enorme concentración del ingreso demuestra que el problema
principal de nuestro país es político y no económico. La pregunta sería
entonces, cómo gobernar para alcanzar el desarrollo sustentable. La respuesta
está en transformación del quehacer político. Se concibe el desarrollo
sustentable como oportunidades verdaderas para la gente común, que combina el
progreso económico con la participación social y la seguridad.
Pero esto no ocurrirá simplemente porque así lo deseemos. El
desarrollo así concebido no es de aplicación espontánea o automática. Es una
empresa que involucra a todos los ciudadanos, a todos los actores políticos, a
los agentes económicos, a las organizaciones de base y a los movimientos
sociales. Y nadie está exonerado de participar y asumir su cuota de
responsabilidad.
Eje 2:
Desarrollo Humano y Reforma Agraria
Caminar hacia el desarrollo es construir la convivencia
humana, y esto no se logra solo por la vía tecnocrática. Gobernar es
esencialmente hacer coincidir las prácticas de la actividad política con las
expresiones de la sociedad civil, y así resolver los problemas de los ciudadanos.
Entre ellos, el acceso a la tierra es prioritario. Así, la política social se
fundamenta en el desarrollo humano integral y sustentable, busca la igualdad de
oportunidades: la justicia social en la distribución, tenencia y titulación de
la tierra, con la creación de asentamientos en la búsqueda de un proceso de
desarrollo integral, y al mismo tiempo, generar condiciones para el arraigo,
evitando las migraciones forzosas que engrosan los cinturones de miseria del
área metropolitana.
La política económica que conlleva la Reforma Agraria , se sustenta en la provisión de la tierra e
incentivos a la producción y promoción de rubros de renta, capaces de alcanzar
el nivel requerido para la generación de agroindustrias, con énfasis en la
organización, capacitación y gestión a fin de reducir la pobreza y la
inequidad, basado en el desarrollo de modelos productivos novedosos y de alto
rendimiento.
Eje 3:
Modernización del Estado
Los cambios ocurridos en el país, de origen endógeno unos y
exógeno otros, han transformado las relaciones tradicionales entre el poder y la gente, entre el Estado y los
ciudadanos. Surgen nuevas demandas de organizaciones de distinto cuño,
trabajadores, campesinos, empresarios, mujeres, indígenas, jóvenes, ancianos y
niños inclusive. No todos estos movimientos han logrado articular nexos
democráticos con los partidos políticos y las instituciones públicas. Parte de
la tarea es reducir la brecha entre el poder y la sociedad, y para ello, los
partidos políticos deben incorporar al ámbito del poder a los movimientos
sociales. Esto debe hacerse sin intentos de manipulación, apelando a una
genuina participación.
Existe una inadecuación creciente entre lo que sucede en la
esfera política y las demandas de la gente, situación que tiende a agudizarse
cuando se instrumentan proyectos de modernización incompletos. Es necesario un
Estado eficiente, que se ocupe de la salud, la educación, la seguridad, la
equidad, y que también pueda garantizar la competencia en mercados imperfectos.
Superar décadas de desgobierno oficialista supone articular
vínculos, restablecer puentes: desde arriba hacia abajo, desde el Estado a la Sociedad ; y desde abajo
hacia arriba, desde la
Sociedad hacia el Estado. Este doble camino es tarea de la
política. Es el camino que nos proponemos recorrer.
Eje 4:
Derechos y ciudadanía política
Desde el advenimiento de la democracia, estamos en un proceso
de transición que no cierra su ciclo: nos estancamos en una suerte de
transición de la transición, que se prolonga indefinidamente. Es momento de
cerrarla. De lo contrario caeremos inexorablemente en la trampa de la
ingobernabilidad.
La democracia formalmente recuperada, parecía que conduciría
a la construcción de ciudadanía política. Pero no fue así, porque de alguna
manera, se canceló la ciudadanía económica. Entonces se corre el peligro de que
la democracia se perciba asociada a la pobreza, como si esta fuera un resultado
natural de aquella. Por tanto, un reto ineludible es armonizar eficiencia con
equidad.
Una democracia se basa en el reconocimiento efectivo de los
derechos de todos los ciudadanos. Esto no se logra solo con el buen
funcionamiento de las instituciones, sino que requiere de la articulación
orgánica entre actores políticos.
El Programa de la
APC considera a la persona, sus derechos y la ampliación de
sus capacidades como la columna vertebral para la toma de decisiones y la
definición de las políticas públicas, y considera un objetivo central la
recuperación de la ciudadanía política.
Eje 5:
Recuperación de la soberanía,
principalmente de la energética.
Es absolutamente necesario que el Paraguay recupere su
soberanía nacional. No en la concepción estática de la soberanía como esencia
del poder con autodeterminación ilimitada, toda vez que éste es sólo un medio
para el cumplimiento de la función soberana. Es esencia de la Soberanía no dejar sin
resolver ningún conflicto de los que pudieran existir en su jurisdicción. Esto
es lo que pretendemos hacer: resolver todos los problemas o conflictos que
tengamos.
Así, el Paraguay exigirá la totalidad
de la energía que nos corresponde de Itaipú y Yacyretá, así como la eliminación
de todas las deudas espurias. Se exigirá la renegociación de los tratados de
tal forma a disponer libremente de nuestros excedentes hidroeléctricos y de
recibir por ellos un precio de mercado. Se planteará la reducción de las tasas
de interés usurarias, la cogestión efectiva en la administración de los entes
binacionales, la transparencia en la gestión con libre acceso de la ciudadanía
y la prensa a la información pública y el control por parte de los entes de
fiscalización pública de los países involucrados.
Los objetivos, las actividades y la
renta de la energía eléctrica serán presididos por criterios de beneficio
social. La energía no puede manejarse solo con criterios mercantiles sino
esencialmente de desarrollo social. Esto supone una Política Energética
Independiente, formulada, desarrollada, concretada y evaluada por los
investigadores, ingenieros, técnicos y trabajadores de la energía. Se explotarán
racionalmente los recursos naturales energéticos e hídricos, para lo cual se
contará con un Plan Nacional de Energía, que incluirá Programas de
Hidrocarburos, Eléctrico, de Agua y otros programas estratégicos.
Conclusión
Finalmente, es la hora de reformar el ejercicio del poder, de
construir sin complejos ni temores, una forma de convivencia política, centrada
en la solidaridad y en la capacidad de consensuar. Una de las dificultades para
ello se centra en la teoría elitista, que de un modo u otro ha sugestionado a
los ciudadanos, especialmente a aquellos que sienten cierta fascinación por las
posiciones de privilegio y por las ventajas que suele conllevar el ejercicio
del poder.
En ese sentido, el mito de la tecnocracia ha seducido a
muchos, particularmente a quienes son incapaces de reconocer los procesos
sociales y se engañan pensando que la especialización tecnocrática es capaz de
substituir a la visión política de la realidad en el ejercicio del poder. Esta
especie de secuestro del peritaje técnico implica una abdicación de la
ciudadanía política. Esto será revertido, por que llegó el tiempo del poder
ciudadano.
Paraguay: es la hora de la democracia.
EJE
1: DESARROLLO económico sustentable, con
generación de ingresos para todas las personas
1.1.
ESTADO PROMOTOR DEL DESARROLLO: El
Estado promoverá políticas públicas tendientes al desarrollo, con participación
ciudadana y de los actores económicos. Intervendrá en áreas desatendidas por la
iniciativa privada (subsidiariedad), y en otras de su competencia como
políticas redistributivas, de territorio, ambiente y población, desarrollo de
infraestructuras, salud y educación. La iniciativa privada es un factor clave y
motor del desarrollo socio económico. Se priorizará:
La
reformulación del modelo económico paraguayo,
para elevar la productividad, generar ingresos y empleo decente y garantizar
una mejor distribución de los beneficios del crecimiento, y mejorar la calidad
de vida de la población.
La
promoción de las Mipymes:
Se apoyará la micro, pequeña
y mediana empresa con crédito, tecnología y otros incentivos tributarios,
laborales y de obtención de mercados a fin de estimular a los emprendedores
como forma de generar empleos e ingresos.
Los
incentivos a las empresas asociativas y cooperativismo:
Se incentivarán los
procesos asociativos y cooperativos, que permiten canalizar los esfuerzos a
través de la solidaridad de los agentes de producción.
1.1.1. Criterios
i)
El Estado debe ejecutar políticas activas para crear empleos, mejorar los
niveles salariales y elevar las condiciones de vida de la población trabajadora
y sus familias. Las empresas, en el marco de un nuevo pacto social, deben
asegurar relaciones justas y equitativas entre empleadores y trabajadores.
ii)
La APC defiende la concepción que sostiene la libertad como no-dominación y no
solo como aquella que asocia libertad a no interferencia. La capacidad de
regular nuestras propias vidas de modo
autónomo es el objetivo de la reactivación productiva y la generación de
trabajo digno.
iii)
Esto implica una priorización política que busque y logre una inclusión
socio-económica digna y sostenible de la población. Para ello se propone
mantener una política macroeconómica propicia a la generación de empleos, que
consolide a las empresas y que origine nuevos emprendimientos; que induzca al
aumento de la productividad basada en un mejor aprovechamiento de las
capacidades humanas mediante una mejor formación y capacitación, la innovación
y la adaptación tecnológica, el uso de fuentes alternativas de energía, la
revalorización de nuestros recursos autóctonos.
iv)
El país debe desarrollar otros factores de competitividad y no seguir abusando
de su dotación de recursos naturales y mano de obra barata, que descarga
responsabilidades en la sociedad de ahora y del futuro las consecuencias de una
competitividad no sostenible en el largo plazo. La APC propone transformaciones
significativas que hagan emerger aquellos factores deseables y sostenibles de
un desarrollo justo y equitativo basado en el trabajo.
1.2.
DESARROLLO SUSTENTABLE
Se implementará efectivamente una
Política Ambiental Nacional, que regirá la aplicación de todas las políticas de
desarrollo, para asegurar su sustentabilidad. Esta incluirá la protección y gestión
sustentable de los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad y las
fuentes de energía, incorporándolos a los activos del desarrollo del país.
1.2.1. Criterios
Los recursos naturales
son la condición de la sobre vivencia y la vida digna de las personas. Por
tanto, la sustentabilidad de los ecosistemas es básica para una estrategia
integral de desarrollo humano. Una administración adecuada de nuestros recursos
naturales es esencial para tener políticas públicas que promuevan la
sustentabilidad del medio ambiente. Y al mejorar las condiciones actuales de
vida de la población mediante el uso racional de los recursos naturales,
aseguramos el patrimonio de las generaciones futuras.
La variedad de ecosistemas que coexisten en el territorio nacional son de una biodiversidad casi única en el planeta. La depredación del medio ambiente ha sido muy grave, por lo que la transversalidad de la perspectiva ambiental es necesaria para evitar más consecuencias negativas para el desarrollo del país.
1.3.
INTEGRACIÓN EQUITATIVA Y SOLIDARIA EN EL
ÁMBITO INTERNACIONAL
Se insertará al
Paraguay en el mundo globalizado a través de una política internacional
soberana, equitativa y solidaria, que fortalezca la integración regional y
logre la apertura de nuevos mercados externos.
Se
defenderán los intereses nacionales en el proceso de integración regional, cuya
continuidad dependerá de la equidad, salvando las asimetrías y eliminando la
dependencia.
Se
defenderá la paz, la justicia y la equidad entre las naciones del planeta, buscando
eliminar las prácticas hegemónicas y fortaleciendo la soberanía de los pueblos.
Se atacarán las causas de la emigración, brindando apoyo efectivo para el
retorno a la patria.
Se promoverá el desarrollo articulado
al MERCOSUR, en base a fondos de
compensación suficientes, a procesos de industrialización y cadenas productivas
regionales que incorporen tecnología y generen trabajo decente, utilizando
nuestras ventajas comparativas (energía, materias primas agropecuarias y
forestales, etc.)
Criterios
Es preciso
garantizar que los paraguayos vivamos la democracia no sólo como procedimiento,
sino también como forma y estilo de vida. Es necesaria una política exterior
que, tanto en sus definiciones como en sus posiciones activas, logre posicionar
al país como un real promotor del desarrollo humano.
El ejercicio consciente de una ciudadanía participativa debe corresponderse con una política exterior responsable, definida y activa que procure el desarrollo humano de todos. Al mismo tiempo, es necesario que utilizar al máximo las ventajas que se derivan de tratados internacionales suscritos en diversas materias.
Así, una política exterior definida y activa debe ir más allá de los tratados comerciales.
Para hacer frente a la multiplicidad de temas en el ámbito internacional, la política exterior de nuestro país atenderá en todo momento la prioridad de la cooperación internacional y estará regida por el principio de la promoción de la paz entre las naciones.
Las proyecciones de recursos tendrán ajustes anualmente de acuerdo con la evolución puntual que tenga la economía mexicana, que por su naturaleza es imposible prever de manera exacta. Asimismo, las proyecciones también se actualizarán en la medida que se materialicen las acciones propuestas en este Plan y las que propongan otros actores como los partidos políticos, los otros poderes federales, los gobiernos locales y la sociedad en su conjunto. Dichos ajustes, en su caso, tendrán que reflejarse en las estrategias y prioridades para el logro de los objetivos nacionales contenidos en el Plan.
El ejercicio consciente de una ciudadanía participativa debe corresponderse con una política exterior responsable, definida y activa que procure el desarrollo humano de todos. Al mismo tiempo, es necesario que utilizar al máximo las ventajas que se derivan de tratados internacionales suscritos en diversas materias.
Así, una política exterior definida y activa debe ir más allá de los tratados comerciales.
Para hacer frente a la multiplicidad de temas en el ámbito internacional, la política exterior de nuestro país atenderá en todo momento la prioridad de la cooperación internacional y estará regida por el principio de la promoción de la paz entre las naciones.
Las proyecciones de recursos tendrán ajustes anualmente de acuerdo con la evolución puntual que tenga la economía mexicana, que por su naturaleza es imposible prever de manera exacta. Asimismo, las proyecciones también se actualizarán en la medida que se materialicen las acciones propuestas en este Plan y las que propongan otros actores como los partidos políticos, los otros poderes federales, los gobiernos locales y la sociedad en su conjunto. Dichos ajustes, en su caso, tendrán que reflejarse en las estrategias y prioridades para el logro de los objetivos nacionales contenidos en el Plan.
1.4. SOBERANÍA SOBRE BIENES NATURALES
Se
asegurará la plena soberanía sobre todos los bienes naturales estratégicos,
públicos o privados, como el agua, los ecosistemas y el patrimonio genético, en
un marco de gestión sustentable y de participación comunitaria.
1.5. INSTITUCIONALIDAD
El
desarrollo económico sustentable requiere de reglas de juego claras y
predecibles por parte del sector público, que permitan a los agentes económicos
incentivos para radicar inversiones, la creación del ahorro interno y de
puestos laborales.
1.6. INFRAESTRUCTURA
Se
implementará un programa de obras de infraestructura urbana y rural, eléctrica, vial, de agua potable y
saneamiento, de telecomunicaciones y nuevas tecnologías de información y
comunicación (NTICs), viviendas, etc. para reactivar la economía y generar
empleo, con mecanismos descentralizados y modalidades de gestión
público-privadas, bajo estrictos mecanismos de regulación y control.
Se
promoverá la construcción de sistemas de transporte público -urbanos e
interurbanos- que aprovechen la producción de energía hidroeléctrica. Las
gobernaciones y municipios, articuladas con el gobierno central, tendrán rol
protagónico en la implementación de estos programas, dirigidos a fortalecer el
desarrollo local y a generar empleo.
1.7. EMPLEO
DECENTE
Se
implementará un Plan Nacional de Empleo concertado (gobierno -empresarios y
trabajadores) garantizando el trabajo decente. Se mejorará la calidad del
empleo, con ingresos, seguridad social, salud ambiental y contratos colectivos
de condiciones de trabajo.
Se
promoverán cooperativas de producción y consumo e iniciativas similares, para
reducir costos de intermediación para productos básicos de la canasta familiar
y maximizar el ingreso de los productores locales.
Se
impulsarán acciones conjuntas Estado-Sector Privado para programas de
Investigación y Desarrollo y capacitación laboral, a fin de incrementar la inversión, la
productividad de nuestras exportaciones y la empleabilidad de las personas.
Se
promoverá una masiva capacitación para el empleo a través de incentivos
fiscales al sector privado, un sistema de educación pública (SNPP,
Bachilleratos Técnicos, etc.) con
currículos actualizados y flexibles, que respondan a las necesidades del
desarrollo económico.
Se
promoverán políticas de empleo específicas para los jóvenes, mujeres, población
rural y personas con capacidades especiales. Se erradicará toda forma de
trabajo infantil, garantizando plenamente sus derechos (sobre todo su
permanencia en el hogar y en el sistema educativo).
1.8.
BANCA PÚBLICA, CRÉDITOS E INVERSIONES
Se fortalecerán fuentes de crédito
para las Mipymes y empresas eficientes en términos de producción y generación
de empleo, con un riguroso marco regulatorio.
Se fortalecerá la banca
pública con créditos accesibles, y tasas de intereses y condiciones adecuadas a
la escala y a los ciclos la producción. Se apoyará un sistema crediticio
nacional (entidades públicas y privadas), orientado a desarrollar los sectores
agrícola, ganadero, forestal, industrial y de servicios. Se promoverán medidas
tendientes a fortalecer el ahorro interno, como fuente de financiamiento de
actividades productivas, con regulaciones que otorguen seguridad a los
ahorristas.
El Banco Central del Paraguay preservará la estabilidad monetaria y el
sistema financiero, con autonomía técnica, articulada
con otras instancias de la política económica.
Se reformarán las leyes de
inversiones, para favorecer la inversión, la reinversión productiva y la
transferencia tecnológica en las empresas transnacionales, en áreas de interés
nacional, regulando la transferencia de dividendos.
1.9. POLÍTICA
PRESUPUESTARIA
Se
reformará la política presupuestaria, buscando una mayor austeridad,
transparencia y eficiencia en el gasto público, un incremento sustancial del
Gasto Social e inversiones en general, manteniendo el equilibrio fiscal. Esta
se basará en planes estratégicos, y se fomentará la participación ciudadana en
el diseño, formulación y control de la ejecución del Presupuesto General de
Gastos de la Nación. Se
1.10.
SISTEMA TRIBUTARIO
Se
promoverá la creación de un nuevo Pacto Fiscal, que promueva el desarrollo
socioeconómico del país y mayores inversiones sociales. El sistema tributario
gravará prioritariamente a sectores de mayores ingresos, al patrimonio
improductivo, a la especulación inmobiliaria y financiera, bajo los principios
de equidad, universalidad y eficiencia, poniendo en marcha y profundizando el
impuesto a la renta personal.
1.11.
SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO
Se
diseñarán planes estratégicos y participativos de mediano y largo plazo a nivel distrital, departamental y nacional, destinados
a orientar el desarrollo sustentable del país.
1.12.
TERRITORIO Y POBLACIÓN
Se
identificarán y utilizarán las características naturales, la vocación y el
potencial productivo del territorio nacional a través de un ordenamiento
territorial, que garantice la gestión y el uso sustentable de los bienes
naturales y recursos humanos, articulando iniciativas sustentables de
desarrollo entre el gobierno nacional, los departamentales y municipales.
Se
promoverá el poblamiento equilibrado del territorio, impulsando un sistema
urbano y un desarrollo rural ordenado, seguro y ambientalmente adecuado. Para
frenar la migración hacia las ciudades, se fortalecerán asentamientos humanos
estables en áreas rurales y en urbes intermedias, con oportunidades laborales y
una adecuada dotación de infraestructuras y servicios básicos y sociales.
Se
promoverá el arraigo de connacionales y la repatriación de los emigrados, con
la generación de empleos decentes y la expansión de la seguridad social. Se apoyará
la integración sociocultural de las comunidades inmigrantes establecidos en el
país, y se regularizará la situación de las personas indocumentadas.
EJE 2: DESARROLLO
HUMANO Y REFORMA AGRARIA, CON EQUIDAD
2.1. POLÍTICA SOCIAL
Se
rediseñarán e implementarán todas las
políticas sociales, desde la perspectiva de derechos y de equidad. Se
buscará el mejoramiento de la calidad de vida, con objetivos concretos y mensurables a corto,
mediano y largo plazo. Esto se logrará identificando los factores productores
de desigualdad y pobreza y aplicando medidas correctivas.
Se
duplicará y racionalizará el gasto social, elevando la calidad de su uso bajo
el criterio de gestión por resultados. Estas políticas tenderán a fortalecer el
capital social y humano de los distintos grupos de la población, en igualdad de
condiciones, y el fortalecimiento de redes sociales y comunitarias solidarias y
autogestionarias.
2.2. EDUCACIÓN
Se
garantizará el acceso universal e irrestricto a una educación pública integral
(Básica y Media), gratuita y de calidad, con formación en NTICs y altos niveles
de retención, que promueva la equidad, afiance los valores democráticos y
prepare a las personas para incorporarse activamente a la vida social y
económica. Se consolidará la autonomía de gestión de cada institución escolar,
en el marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de
salidas múltiples.
Las
Universidades Nacionales participarán activa e interdisciplinariamente en el
análisis y formulación de propuestas para el desarrollo a través de la investigación. Se promoverá la equidad en el
acceso, con becas para estudiantes de bajos ingresos, manteniendo altos estándares
de calidad.
2.2.1. Sistema Institucional
Se implementará un Sistema institucional
de alta calidad (compromiso, productividad, resultados) reasignando el gasto
bajo el mecanismo de gestión por resultados, con criterios de equidad social.
2.2.2. Recursos Humanos
La carrera magisterial priorizará la
formación y actualización permanente. Se recertificará al personal docente en
base a principios de meritocracia[1],
con promoción profesional por
resultados. Estos principios regirán también para el plantel administrativo y
de supervisión.
2.2.3. Educación Terciaria y técnico profesional
Se mejorará calidad (currículo, personal
y tecnología), financiarán programas de investigación y promoverá la extensión
universitaria. Se expandirá el sistema de becas para grado/postgrado en el país
o en el exterior, en base al desempeño académico. Se elevará la cobertura y
calidad de la enseñanza técnico-profesional
2.2.4. Combate al analfabetismo
Se implementará un programa de
alfabetización –“analfabetismo cero”- a nivel nacional, con participación ciudadana
(ONG’s, centros universitarios, etc.)
2.2.5. Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación (NTICs)
Se impulsará un proyecto nacional de
alfabetización informática. Se garantizará el equipamiento informático y
conexión a Internet de todas las escuelas públicas.
2.2.6. Descentralización Educativa
Se descentralizará la gestión escolar
siendo el MEC órgano normativo, evaluador, de supervisión,
de apoyo técnico y control de la calidad.
Se asignará con racionalidad
recursos presupuestarios para asegurar cobertura y calidad de la educación en todos los
departamentos y las regiones, alentando la participación comunitaria.
2.2.7. Contenidos
Se fortalecerá la formación orientada a
la educación para el trabajo y la vida (valores, ciudadanía, ambientalismo) así
como el uso intensivo de las NTIC’s. Inclusión de contenidos y lenguajes que
respeten la diversidad étnica cultural y sociolingüística del país.
2.2.8. Equidad
Se reducirán las brechas de calidad
entre la educación pública y privada, y las brechas de calidad y cobertura
según área rural y urbana, lengua madre y niveles de ingresos de los educandos,
garantizando la igualdad de oportunidades.
2.2.9. Calidad
Todos los subsistemas educativos
homologarán sus estándares - docentes, supervisión, infraestructura, soportes
didácticos, contenidos y carga horaria – a nivel regional.
2.2.10 Educación popular
Se
implementarán programas por medio de los medios de comunicación, organizaciones
barriales o comunitarias, en temas de utilidad pública como promoción la salud,
alimentación, formación cívica y moral y otros.
2.3.
SALUD
La nueva salud publica, basada en la medicina social,
implementará efectivamente el Sistema Nacional de salud con reorientación de la
reforma sanitaria basada en evidencias, asegurando el
acceso universal, gratuito, continuo y oportuno a servicios de salud de calidad.
Se priorizará la salud materno-infantil y a las poblaciones pobres y
vulnerables, disminuyendo las graves desigualdades existentes (urbano-rural,
lengua madre e ingresos).
Se mejorarán las condiciones de calidad de vida y con
ella, la salud de toda la población. Se priorizará la promoción y la prevención
de la salud, el mejoramiento de la atención en cada localidad, barrio o compañía
(puestos de salud) y distritos (centro de salud) descentralizándola, y
aplicando la renovación de la atención primaria de salud. Se promoverá la salud
ambiental, para asegurar la salud colectiva.
2.3.1.
Sistema Institucional
Se reestructurará un sistema
institucional de alta calidad (compromiso,
productividad, resultados). Se aumentará y reasignará el gasto bajo el mecanismo de
gestión por resultados. Se descentralizarán competencias y recursos y se
promoverá la participación ciudadana. Se registrará y regulará el ejercicio de
las profesiones de la salud, en todas sus formas.
2.3.2.
Sistema Previsional de Salud
Se promoverá el acceso universal al
Sistema Previsional de Salud. Se implementará, una reforma interna del IPS para
mejorar su cobertura y calidad. Se crearán instituciones reguladoras y
supervisoras independientes del sistema Previsional. Todo el sistema previsional
(IPS y diversas cajas de jubilación) será saneado y orientado a apoyar el
desarrollo productivo nacional, de manera transparente. Se pagarán pensiones
dignas a los excombatientes de la
Guerra del Chaco y con aportes diferenciales, se pagaran jubilaciones
a las amas de casa y a los adultos mayores.
2.3.3.
Medicamentos genéricos
Se
propiciará la investigación y producción de medicamentos genéricos, para
permitir el acceso de toda la población a productos de salud de calidad.
2.3.4 Salud Ambiental
La implementación de leyes y políticas socioambientales, y el
fortalecimiento de las instituciones pertinentes, asegurarán la calidad del
ambiente como base y garantía de la salud de la población.
2.3.5.
Jubilaciones
Se
promoverá el acceso universal a un sistema de Jubilaciones y Pensiones, y
procurará unificar los sistemas jubilatorios existentes para eliminar las
inequidades actuales. Habrá una regulación eficiente del Sistema de
Jubilaciones y Pensiones.
2.3.6.
Descentralización
El Sistema
Nacional de salud cumplirá las Funciones Esenciales de la Salud pública, con una
rectoría que descentralizara la gestión en ese ámbito. Se asignarán
racionalmente recursos presupuestarios para asegurar
cobertura y calidad de los servicios de
salud en todos los departamentos y las regiones. El Sistema
aplicará en las unidades poblacionales pertinentes el enfoque de salud
intercultural, promoviendo la búsqueda de evidencias científicas sobre los
procedimientos terapéuticos de medicina natural.
2.3.7.
Soberanía Alimentaria
Se implementará una política de soberanía alimentaria que
mejore el acceso universal a alimentos suficientes y de calidad, para la
población en general.
2.4.
VIVIENDA
Se reducirá drásticamente el
déficit de acceso a agua potable y sistemas de saneamiento. Se desarrollará un
programa nacional de acceso y mejoramiento de la vivienda destinado a
poblaciones pobres y vulnerables, con participación de la comunidad
(cooperativas o asociaciones). Se utilizarán espacios urbanos adecuados,
evitando la construcción de conjuntos habitacionales en zonas alejadas o
semirurales.
Se
crearán áreas para viviendas de interés social, cartera de tierras para nuevos
barrios populares y financiamiento accesible. Las políticas de mejoramiento
urbano estarán basadas en viviendas dignas, infraestructura barrial sólida,
servicios públicos de calidad y adecuación a las condiciones ambientales.
2.5.
GÉNERO
Se incorporará efectivamente la
perspectiva de género en las políticas públicas. Se fortalecerá la
participación de las mujeres como sujetos sociales, económicos y políticos a
través de medidas legales y de discriminación positiva.
2.6.
CULTURA-IDENTIDAD
Se promoverá la vivencia y
desarrollo de los rasgos y manifestaciones de identidad locales. Se garantizará
el derecho a la diversidad cultural, fomentando las creaciones culturales en
todas sus expresiones, se preservará y promoverá el patrimonio tangible e intangible nacional, con vinculación al
mundo y proyección al futuro.
2.7.
REDUCCIÓN DE LA
POBREZA
Se reestructurarán los planes y
programas de reducción de protección social destinados a las poblaciones más
pobres, superando el criterio asistencialista por el de satisfacción de derechos
humanos. Para ello se fortalecerá la coordinación interinstitucional, involucrando
activamente a las comunidades, en el diseño, ejecución y contraloría de planes
y proyectos.
Se asignarán mayores recursos
públicos y se priorizará la inversión social, con mecanismos que faciliten e
incentiven el acceso a los servicios públicos por parte de los sectores pobres,
excluidos y vulnerables. Las políticas de equidad incrementarán paralelamente
las capacidades y oportunidades de las personas excluidas o en condición de
pobreza extrema, evitando la dependencia en el mediano y largo plazo.
2.8. DEPORTE
Se implementará una política
nacional de fomento al deporte asignando recursos suficientes y oportunos. Se promoverá
el deporte en todas sus modalidades desde el sistema educativo y crearán infraestructuras
deportivas barriales y en las localidades del interior, con participación de
municipalidades y gobernaciones.
2.9.
GRUPOS
VULNERABLES y EXCLUIDOS
Se coordinarán, implementarán y
transparentarán políticas, programas y proyectos que garanticen la satisfacción
plena de los derechos, las necesidades básicas y la igualdad de oportunidades de
las poblaciones vulnerables y excluidas (en pobreza extrema, niñez y juventud,
personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, migrantes,
víctimas de desastres naturales, etc.) asignando los recursos humanos y
financieros a las instituciones concernidas.
El
Estado facilitará condiciones para la organización y articulación de la
sociedad (trabajadores, campesinos, indígenas, sin techo, tercera edad,
jóvenes, niños, de de género o vecinales) en la defensa de sus derechos, y de
las asociaciones y cooperativas autogestionarias para la producción, el ahorro
y crédito, la prestación de servicios, la generación del trabajo y la vivienda.
2.10. PUEBLOS INDIGENAS
Se
garantizará la autonomía de los pueblos indígenas en la elección de los
procesos de desarrollo que afectan a sus vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual. Se fomentarán los liderazgos naturales, las asociaciones
de los pueblos y las interétnicas, para que puedan defender sus derechos y
pugnar por sus propias reivindicaciones, insertándose en instituciones
democráticas representativas locales y nacionales.
Se
dará a los pueblos indígenas recursos necesarios para que aseguren legalmente, reafirmen
y administren sus territorios, bosques y recurso hídricos en calidad y
extensión adecuados a sus culturas y modos de vida propios, accedan a la
educación básica, media y superior y a la salud integral e interactúen con el
Estado y la sociedad global en un marco de respeto de los Derechos Humanos
fundamentales.
2.11. REFORMA AGRARIA
Se
impulsará desarrollo rural integral del país, a través de la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y forestal
sostenible y la agregación de valor a estos productos. Con este objetivo se reducirá
el latifundio improductivo a través del impuesto progresivo; se recuperarán las
tierras mal habidas; se legalizará la propiedad en asentamientos precarios y se
implementará efectivamente la Ley
de Seguridad Fronteriza, para garantizar el derecho a la tierra de las familias
campesinas.
Se
apoyará, con criterios de sustentabilidad ambiental, la adecuación y
optimización de las actividades
agropecuarias, poniendo énfasis en la productividad y la promoción de
exportaciones con creciente valor agregado (industrialización de los productos
agropecuarios y forestales), defendiendo el mercado interno de las
importaciones subsidiadas.
Se
proporcionará amplia y eficiente asistencia técnica, financiera, de gestión e
infraestructura (sistema de transporte, energía suficiente y adecuada,
telecomunicaciones, almacenaje) a los pequeños productores rurales. Asociado al
crédito, se implementará un sistema de
seguro agrícola, para facilitar el pago de las deudas en
circunstancias adversas.
Se
implementarán y mejorarán sustancialmente los servicios de transporte,
electrificación, comunicaciones,
almacenaje y conservación de productos agrarios. Un sistema de información agropecuaria eficiente
permitirá a los pequeños productores optar por alternativas económicas
adecuadas, con planes indicativos de producción a nivel nacional, departamental
y local.
Se
aumentarán sustancialmente las reservas/ áreas de protección natural y
protegerán las existentes, con activa participación ciudadana, de comunidades
campesinas e indígenas. Se pondrá en marcha un sistema nacional de conservación
de suelos y sistemas hídricos.
2.12. PROMOCIÓN DE LA FAMILIA
Se
fortalecerá a la familia como espacio fundamental del desarrollo integral de
las personas, promoviendo el matrimonio y una comunidad familiar respetuosa de
la dignidad y de los derechos de todos sus integrantes. Es política de Estado
prevenir, sancionar y erradicar las diversas manifestaciones de violencia que
se producen en las relaciones familiares.
Se
garantizará el desarrollo integral y una vida digna para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos en situación de riesgo, pobreza
y exclusión. Se promoverán espacios institucionales y entornos locales que
permitan la convivencia pacífica y la seguridad personal, así como una cultura
de respeto a los valores morales, culturales y sociales.
3. EJE: DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Se modernizará la estructura y el
funcionamiento del Estado Social de Derecho -bajo los principios de soberanía,
pluralismo, equilibrio de poderes- para asegurar un marco jurídico apropiado,
estructuras organizacionales adecuadas, recursos financieros suficientes y
recursos humanos capaces y eficientes en el cumplimiento de sus funciones.
3.1.
DESCENTRALIZACIÓN
Se fortalecerán los Gobiernos
departamentales y municipales a través de un proceso de descentralización de
competencias políticas, de capacidad de gestión y de recursos financieros, para
promover el desarrollo de las regiones y mejorar la prestación de servicios de
educación, salud, obras públicas, deportes y saneamiento. Se establecerá un
marco normativo de competencias nacionales, departamentales y municipales.
3.2.
RACIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Se recalificará y re-certificará la
burocracia, implementando instrumentos gerenciales y de mejoramiento del
desempeño. Se profesionalizará y modernizará el servicio civil, fomentando liderazgos
estratégicos en la construcción de las políticas y en el manejo de los recursos
humanos, con un sistema de normas y reglas que garanticen la ética profesional,
efectividad en el trabajo, la transparencia y la rendición de cuentas.
La función pública tendrá
condiciones laborales competitivas con el sector privado de modo a consolidar,
por medio de salarios e incentivos adecuados, una estructura altamente
profesional, comprometida y eficiente.
3.3.
EMPRESAS PÚBLICAS
Se promoverán debates y análisis
sobre la función de las empresas públicas con miras a generar un consenso y
definir cursos de acción viables. Se evaluará el desempeño de las empresas
públicas, caso por caso, para la toma de decisiones, buscando ajustar y mejorar
su eficiencia en la prestación de servicios. Se hará efectiva la transparencia
de las empresas públicas.
3.4.
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Se establecerá un sistema
institucional de alta calidad, basado en principios de meritocracia (capacidad, compromiso, productividad,
resultados). Se optimizará la asignación y ejecución del Presupuesto General de
Gastos con el mecanismo de gestión por resultados. Se implementará
efectivamente la descentralización de competencias y recursos. Se evaluará el
desempeño (eficiencia, cobertura, calidad) de las Secretarias de Estado para
reformar su estructura y mejorar la prestación de servicios.
3.5.
SEGURIDAD CIUDADANA
La seguridad pública será asumida
como responsabilidad fundamental del Estado. Se pondrán en marcha planes de
prevención y lucha contra la delincuencia, con un modelo descentralizado de
acción, involucrando a la ciudadanía.
Se reorganizarán y robustecerán los
órganos de seguridad del Estado, se depurarán los cuadros policiales y fiscales
y se reformará el sistema penitenciario. Las penitenciarías se transformarán en
centros de rehabilitación y se reducirán y/o erradicarán las causas sociales
que estimulan la delincuencia. No se permitirá el funcionamiento de grupos
civiles armados.
3.5.1. Seguridad y
defensa del sistema democrático
La
política de seguridad, como defensa del sistema democrático garantizará la
independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los
intereses nacionales. En el combate a la delincuencia organizada se involucrará
a los organismos de seguridad -en especial a la Policía y las Fuerzas
Armadas, y a la sociedad, en el marco del Estado de Derecho.
El
Estado afrontará amenazas externas o internas –en especial el narcotráfico, el
contrabando, la piratería, el lavado de dinero, la evasión tributaria, etc.- que
ponga en peligro el orden democrático, la paz social, la seguridad y el
bienestar general.
3.6. INSTITUCIONALIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
Se
optimizará el servicio que prestan las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de
la paz y la integridad territorial, en el irrestricto respeto al Estado de
Derecho. Para ello se reafirmará la
institucionalidad, profesionalidad y neutralidad de las Fuerzas Armadas bajo control
democrático, se le proporcionarán los recursos necesarios y se reafirmará su
carácter no deliberante. Ellas participarán
en la defensa regional, la seguridad hemisférica y en las misiones de paz en el
marco del sistema de las NNUU.
3.7. JUSTICIA
INDEPENDIENTE
Se
garantizará el acceso universal a la justicia, la promoción de la justicia de
paz y la autonomía, independencia y el presupuesto del Poder Judicial.
Asimismo, se adoptarán políticas que garanticen el goce y la vigencia de los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los
tratados internacionales sobre la materia.
Se
evitará la dependencia de intereses político-partidarios y de poderes fácticos
(mafia, roscas internas, etc.), y se logrará mayor equidad en la cobertura y
calidad de servicios de justicia, recalificando y recertificando a la
burocracia judicial.
3.8. POLÍTICA
EXTERIOR
Se
llevará a cabo una política exterior al servicio de la paz, la democracia y el
desarrollo sustentable, que promueva una adecuada y soberana inserción del país
en el mundo y en los mercados internacionales, a través de una estrecha
vinculación entre la acción externa y las prioridades nacionales del
desarrollo.
Se
consolidará la adhesión del Paraguay a las normas y principios del Derecho
Internacional, con énfasis en los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones
Unidas, la del Sistema Interamericano y el MERCOSUR. Asimismo, se garantizará
una política basada en el diálogo entre las instituciones del Estado, las
organizaciones políticas, del sector privado y de la sociedad civil.
4.
EJE: DERECHOS POLÍTICOS Y CIUDADANÍA
4.1.
SUPERACION DEL SISTEMA CLIENTELAR
Se
concretará un pacto político ciudadano para combatir el clientelismo, la
corrupción, la impunidad y el tráfico de
influencias que se ejerce desde los propios partidos y movimientos políticos y
que permea el Estado, con mecanismos concretos e institucionalizados de acción
para reconstruir la confianza en la democracia, en la política y en los partidos.
Se
velará por el desempeño responsable y transparente de la función pública, se promoverá
la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento e independencia de la Contraloría General
de la Nación.
4.2.
ASOCIATIVISMO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Se promoverán mecanismos de
democracia participativa, que complementen los de la democracia representativa,
y alienten la participación social a interactuar junto a las autoridades para:
i) incidir en la toma de decisiones de la agenda pública; ii) ejercer un
control en la ejecución de las medidas consensuadas y iii) dar seguimiento a
las acciones gubernamentales; contribuyendo a mejorar la gestión pública, el desarrollo
socio-económico y la calidad de vida de la población
Se crearán mecanismos efectivos de
incorporación de las propuestas de las organizaciones sociales en la acción
pública, de acceso a la información pública, y de contraloría y de
participación ciudadana. Se promoverá la participación en la elaboración y rendición de cuentas del presupuesto
del gobierno.
4.3.
TRANSPARENCIA
Se impulsará un nuevo sistema de
transparencia en la gestión publica, dirigido a construir un entorno de
confianza entre la sociedad y los funcionarios de la administración del Estado.
Este se barasrá en: i) el acceso a la información pública; ii) una mayor
claridad en las competencias y reglas que permitan reducir las practicas de
corrupción y discrecionalidad arbitraria; iii) una nueva cultura de rendición
de cuenta e integridad en el funcionario público y iv) la participación y
control ciudadano en los asuntos publicos.
Las políticas de transparencia
serán de carácter preventivo (acceso irrestricto a información pública y normas
que reduzcan las irregularidades y facilitan su
castigo) y correctivo (contraloría, corrección y punición). Incluirán la
participación ciudadana y de los medios de
comunicación para fiscalizar la gestión pública, transparentarla y
denunciar sus vicios y falencias.
5. EJE SOBERANÍA ENERGÉTICA
La
energía eléctrica es un derecho humano que posibilita el acceso a otros como la
salud, la educación y un hábitat digno. Para el bicentenario de nuestra
independencia, todos los habitantes del Paraguay contarán con el servicio
eléctrico y se ampliará la cobertura de la tarifa social a todas las familias
que la necesiten, sin discriminación.
5.1. Soberanía
hidroeléctrica.
El
Paraguay exigirá formalmente la renegociación de los tratados respectivos, para
disponer libremente de nuestros excedentes hidroeléctricos y recibir un justo
precio por ellos. Exigirá acceso técnico, sin costo adicional, de la totalidad
de la energía que le corresponde de Itaipú (ampliación de subestación margen
derecha) y de Yacyretá (puesta en sincronía de unidades paraguayas con sistema
eléctrico nacional), según establecen los tratados respectivos, y la
eliminación de todas las deudas espurias.
Demandará
además la reducción de las tasas de interés usurarias, la cogestión efectiva en
la administración de los entes binacionales y la transparencia en la gestión,
con libre acceso a la información pública y el control por parte de los entes
de fiscalización pública de los países involucrados.
5.2. Servicio
eléctrico.
Se
construirán redes de transmisión de gran porte para asegurar el suministro
interno del país, estimular el uso productivo de nuestra hidroelectricidad y
posibilitar que el Paraguay sea el centro de interconexión eléctrica del
MERCOSUR, exportando su hidroelectricidad a precios de mercado. Se reforzarán
las redes eléctricas, particularmente las rurales, trifasicándolas y
reconstruyéndolas con materiales de calidad, de modo a asegurar un servicio de
calidad a todo el país.
5.3. Hidrocarburos.
Se
firmarán acuerdos con países productores de petróleo y gas natural, orientados
a disponer de combustibles de mejor calidad y precio. Se estimulará la
prospección, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, así
como la construcción de gasoductos que le permitan disponer de gas natural al
Paraguay.
5.4. Biocombustibles
social y ambientalmente sustentables.
Los
biocombustibles y otras energías renovables se aprovecharán en forma social y
ambientalmente sustentable, para generar puestos de trabajo y reducir la
dependencia del petróleo importado.
[1]
El sistema meritocrático, aplicado desde la misma
selección de funcionarios, garantiza el acceso y la promoción en el empleo
público a través de mecanismos competitivos, exige la neutralidad política y la
despartidización de la burocracia, premia la responsabilidad y la eficiencia, y
disminuye las prácticas clientelistas en el ingreso, permanencia y promoción en
la burocracia.
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